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Patria, energía y proyecto Nacional.

El futuro que late a nuestras espaldas

Por Leonardo Cajal

Decía Hernández Arregui «la oligarquía volvió al poder. Pero el secreto de su poder es que es un poder secreto». Sabido es que la Patria transita por estos tiempos caminos difíciles, a los que hemos llegado por múltiples motivos. Podría comenzar por la falta de profundización de un modelo que se sostuvo en la contención de los sectores más vulnerados, pero que a lo largo de 12 años tropezó constantemente a la hora de dar el paso definitivo para que esos sectores ingresen a la formalidad de la economía. Por otro lado, la retórica combativa contra los grandes grupos concentrados de poder; ello despertó en el pueblo la conciencia nacional y la unificación conceptual de que el enemigo está acá entre nosotros, con nombre y apellido, y que ese enemigo son las multinacionales agroexportadoras asociadas con el sistema financiero bancario y los multimedios; todos representantes de la nueva oligarquía.

 

Desde ya que siempre es bueno verle la cara al traidor que nos vende, pero en eso nos quedamos; todavía retumba en mis oídos la desafortunada frase de CFK sobre aquellos que se la «llevaron en pala».

 

Esa retórica hacia la oligarquía fue el peor de los errores del proceso kirchnerista, por la simple cuestión de que el reformismo dialéctico exacerba el odio de clase de la oligarquía hacia el pueblo: un gobierno Nacional y Popular antes de decir, debió hacer. Un error que pagamos caro los nacionales que acompañamos al proyecto durante estos 12 años, pero que para nuestro regreso deberemos corregir, porque en el camino de la liberación no hay lugar para la anti-patria.

 

Recordemos que Juan Domingo Perón expropió el diario La Prensa y se lo entregó a los trabajadores, no se quedó simplemente alegando que el diario mentía. Lo sabíamos, y es por eso que el pueblo decidió escribir día a día su propia verdad. Además, hubo una distracción que -muy por lo contrario a lo que se cree-, no generó contradicciones sino hasta casi llegar a los 10 años continuos de gobierno Nacional. Estoy haciendo referencia a la cuestión de la energía.

 

Hay una máxima que se repite por los pasillos de la embajada británica de Buenos Aires que dice, «que cualquier esfuerzo cumplido, por quienquiera que fuese, por asegurarse la producción petrolífera argentina, sería considerado en Londres como un atentado a los intereses británicos», y es tan así que cada uno de los golpes de estado a gobiernos populares tuvo aroma a petróleo. Lo tuvo el golpe del ´30, el de la Revolución «fusiladora» del ´55, y también la última dictadura cívico-militar de 1976, luego de que el gobierno de Isabel Perón nacionalizara todas la bocas de expendio y obligara a las compañías extranjeras a destilar combustibles en instalaciones de YPF.

 

Ahora bien, ¿qué significa energía en un país semicolonial como la Argentina? Desde un punto de vista no es más que el eufemismo inalcanzable del autoabastecimiento, relacionándolo simplemente con que los autos pueden cargar nafta cien por ciento nacional. Raúl Scalabrini Ortiz afirmaba que «quien controle la producción de energía, el transporte y el crédito interno y externo puede dominar el destino de una Nación». El maestro del Pensamiento Nacional lo dejó bien en claro: energía, transporte y crédito, en un país que pretende enterrar para siempre las cadenas de la opresión, deben de ser tratados en tándem.

 

Fue en el período del primer peronismo cuando hubo un proyecto doctrinario apoyado sobre tres pilares, la nacionalización de los trenes, la constitución nacional de 1949 (con el memorable artículo 40 de declaración de bienes inalienables del estado a todos los recursos del subsuelo argentino y caída de agua), y la nacionalización de los depósitos bancarios y con ello el Banco Central; todo esto en continua relación con la nacionalización del mercado externo con la creación del IAPI (Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio). Cada uno de planes quinquenales eran etapas para logar el desarrollo definitivo de estas fuerzas articuladas. Por supuesto que hubo un plan en el tercer gobierno de peronista (1973-1976) en consonancia con los anteriores; se llamó «El modelo Argentino para el Proyecto Nacional», la última obra de Juan Domingo Perón, cuya lectura debiera ser obligatoria en las escuelas secundarias.

 

«Debemos cuidar nuestros recursos naturales con uñas y dientes de la voracidad de los monopolios internacionales que los buscan para alimentar un tipo absurdo de industrialización y desarrollo en los centros de alta tecnología donde rige la economía de mercado».

 

El marco legal de un Estado es su Constitución Nacional, y la nuestra fue creada según las necesidades del Imperio Británico durante el siglo XIX, en donde cada una de sus modificaciones hundió más en la carne del pueblo las garras de la anti-patria. Es así que la última reforma hecha durante el gobierno del Dr. Carlos Saúl Menem, en complicidad con el «padre» de la democracia el Dr. Raúl Ricardo Alfonsín, sentenció a la Patria a estar de rodillas, pues en su artículo 124 dice que «corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio».

 

Es urgente que las políticas de Estado deban estar sujetas a las decisiones del poder central y no en manos de las necesidades fluctuantes de las provincias. Esta diversificación, alentada por la Constitución cipaya y liberal, obstaculiza la consolidación del desarrollo energético y, por ende, del industrial. Por supuesto que esta reforma, más los tratados firmados en Madrid y Lisboa junto al Reino Unido en 1990 (Domingo Cavallo de por medio), actúan como un gran corset para el Estado Nacional y sus políticas soberanas.

 

En 2012 la estatización del 51 % de YPF fue un viraje de timón más que necesario, pero de resultados insuficientes, puesto que limitó planificar de manera libre e independiente las políticas energéticas, de desarrollo industrial y de transporte soberano, dado que el 49% restante forma parte del sistema de drenajes de nuestras riquezas al exterior de la Nación.

 

Es menester recordar que YPF fue la segunda empresa petrolera en el mundo cien por ciento patrimonio del Estado, pero que hoy representa en algo la realidad de Latinoamérica; un gigante de piernas escuálidas, de gigantes brazos que lanzan todo lo que está a su alcance hacia el norte, o cruzando el Atlántico en su defecto. La composición de accionistas del 49% ratifica esa dantesca descripción, cuya participación es la siguiente: con el 4,8% el Grupo Imbursa, (Carlos Slim), con el 4,38% el Fondo especulativo de inversión Lazard Asset Managment LTD, con un 4% el Fondo Mason Capital Managment LLC (Kenneth Mario Garschina), con el 3,5% Soros Found Managment (George Soros), con el 1,86% el Grupo Perry Corp, con el 1,59% el Fondo buitre Third Point (Dan Loeb), con el 1,47 % los fondos Fidelity Managment & Reserch y con el 1,45% Morgan Stanley; además de otros buitres que participan con menos del 1 % tales como Hartford Capital, Fidelity Diversified y Delaware Group Global & International Funds y otros 50 fondos similares que tienen presencia minoritaria en YPF según datos de la agencia Bloomberg Lp.

 

El justicialismo brega por la comunidad organizada, pero esta solo es válida entre actores que constituyen las fuerzas vivas de la Patria, trabajadores que junto a una burguesía nacional entiendan que el consumo es necesario para el buen funcionamiento de los engranajes de mercado interno. Y para que eso se dé deberán complementarse sin renunciar a sus intereses de clase, priorizando el bienestar mutuo y los intereses de la Patria. Por tales motivos resulta inadmisible que las transnacionales jueguen un papel tan determinante dentro de una concepción filosófica-política, cuya consecuencia es lo que está sucediendo en la actualidad: la automática desarticulación del aparato dinamizante de la economía del país frente al recuerdo de un Estado que intentó estar al servicio del pueblo, y que no le alcanzó.

 

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